A finales de enero de 2021 se convocaban subvenciones para promover la cultura de defensa. Las podían pedir personas físicas o jurídicas, pero que no tuvieran ánimo de lucro. Lo citamos como ejemplo de una actitud habitual, Defensa ha hecho lo que se hace generalmente. El consorcio de la ciudad de Cuenca convocaba también ayudas para promocionar la ciudad y hacía lo mismo. Probablemente sin saber muy bien por qué, se parte de que lo bueno es no querer «ganar dinero». Si quieres eso, «ganar dinero», la cultura no es tu sitio.
Este plateamiento no es tan idílico y hermoso como pudiera parecer. Y es que plantea varias objeciones.
– Formalismo. La realidad es que esta mentalidad ha desembocado en un simple formalismo vacío. De hecho, en los cursos profesionales de gestión cultural se enseñará cómo crear asociaciones y fundaciones. Y no porque quien hace un curso profesional quiera ayudar al mundo: para eso no se hacen esos cursos. Se aprende a crear organizaciones sin «ánimo de lucro» para, parajójicamente, ganar dinero. Porque la organización puede no tener ánimo de lucro, pero eso no impide que sus miembros tengan «ánimo de sueldo». Estudiemos cómo funciona el sistema.
Si cuatro amigos se reúnen y deciden que se reparten lo que se gane, tienen «animo de lucro». Es como poner un bar: crearán una sociedad mercantil, -una empresa para entendernos- y se repartirán las ganancias mediante dividendos. Esos mismos cuatro amigos cran una asociación, de fomento de estudio del arte. Entonces no tienen «ánimo de lucro». Teóricamente no quieren «ganar dinero», no se han juntado para repartirse unas ganacias futuras. Teóricamente se han juntado para «trabajar» por un fin.
Puro formalismo. ¿Que la asociación consigue 60.000 euros de ingresos? 59.000 van a sueldos y 1.000 a los fines sociales. ¿Que son 80.000? Lo mismo.
Tengamos en cuenta que hoy en día hay que tener una muy buena razón para crear una asociación. Tradicionalmente crear y gestionar una asociación era fácil: bastaban un acta fundacional, unos estatutos e ir al registro. Pero las reformas legales han complicado considerablemente el panorama. Ahora llevar una asociación es fiscalmente bastante parecido a llevar una empresa: hay que presentar la declaración de sociedades, por ejemplo (¿?). Hay casos de asociaciones de apoyo a personas con discapacidad que sencillamente han cerrado y han dejado de dar las ayudas que daban por la legislación de protección de datos. Vamos, si diez amigos se reúnen en un bar y ponen 50 euros cada uno de ellos para hacer una web sobre su castillo debe vigilarse con todo rigor esa iniciativa ya que pueden blanquearse capitales y la intimidad de los españoles está en peligro.
Naturalmente todo esto son gastos y responsabilidades. Ya no es toma 50 euros, ahora son gastos fijos todos los meses para algo tan estimulante y atractivo como pagar un asesor para hacer cuentas. Y luego que el asesor no se equivoque: nadie dice que el asesor del futbolista defraudó a Hacienda, dice que el futbolista defraudó a Hacienda. Total, que no se crea una asociación sin un poderoso motivo para hacerlo. Ya no es un grupo de amigos haciendo cosas: ahora te enfrentas a un cuadro de costes sistemáticos y de responsabilidades. No siempre, pero en muchos casos la razón fundamental es la profesionalización, el propósito de ganar dinero en forma de sueldo.
Con este sistema no se hace ningún favor al sector, en el que no en vano una de las palabras más repetidas es «precariedad». El traje de una asociación puede ser muy adecuado para subvenciones, pero luego no lo es tanto si se quieren desarrollar otras actividades. Si se quiere hacer otra cosa, simplemente abrir una tienda, entonces ya no es fácil funcionar con estas estructuras. Y la estabilidad se basa frecuentemente en eso, en la posibilidad de adaptarse a situaciones cambiantes. Subvenciones unas veces, sí, pero también otras actividades en otros casos. Y no hay un esquema organizativo que sirva para varios escenarios.
Para la Fundación Iberdrola no hay problema, pero para miles de personas que lo que quieren es -legítimamente- ganarse la vida, sí lo hay. Si quieren subvenciones, tienen que vestirse de «buenos» y ponerse el traje asociativo. Si no hay subvención entonces ese traje no les vale. Y esto es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer.
– Incoherencia. El mensaje de los poderes públicos es muchísimas veces: emprende. Crea tu propia empresa, pon en marcha tu negocio, contrata…
Decimos eso, pero inmediatamente después decimos que si creas una empresa debes apartar tus sucias manos del inmaculado ámbito de la cultura.
El mensaje, evidentemente, no es coherente. No se puede decir que es bueno emprender, tener ánimo de lucro y «ganar dinero» y dos minutos después decir que no puedes ni presentar un proyecto si has hecho lo que te dijimos hace dos minutos que era estupendo. Por una parte decimos «adelante, hazlo», pero por otra a quien lo hace lo tratamos como poco menos que un apestado indigno de entrar en el ámbito puro de la cultura. Ponemos centros para ayudar a crear empresas, pero después les cerramos una puerta, la de las subvenciones en la materia cultural, que puede ser clave para la supervivencia de la empresa que hemos impulsado y ayudado a crear.
La incoherencia, apuntemos, se produce en otros ámbitos. Decimos que facilitamos la participación en la vida cultural, pero luego ponemos todo tipo de trabas y requisitos y amenazamos con las más duras sanciones a quien se mueva. Para la Administración, no quieres ganar dinero, pero luego tienes que hacer la declaración del impuesto de sociedades y tributar por las «ganancias». Lo público habla de lo filantrópico, pero luego en los cursos que se hacen en Universidades públicas y en muchos casos con dinero público se enseña como utilizar el vestuario filantrópico para ingresar dinero en tu cuenta corriente.
– Eficacia social. En enero de 2021 se estaba en uno de los peores momentos de la pandemia. A lo mejor con una empresa puntera podía hacer un proyecto estupendo y aguantar el sueldo de algunas personas hasta mejores momentos. Pero es una empresa, quiere «ganar dinero» y no puede ser. Es preferible entonces que el proyecto se quede sin hacer, las personas vayan a la calle, haya que pagar indemnizaciones por despido (que pueden motivar el cierre la empresa entera) y se gaste dinero en el paro. La subvención entonces se le da a una fundación pública para un proyecto peor, aunque, eso sí, no «gana dinero».
La sociedad es la que ha perdido. Recibe algo de una calidad menor. Gasta dinero público en prestaciones sociales. Y familias en una situación difícil. Y todo esto porque se supone que lo bueno es no tener «ánimo de lucro».
No es ninguna hipótesis de laboratorio. Las subvenciones fijan como prioritaria la conmemoración de la vuelta al mundo. Un proyecto obvio es mejorar los mapas existentes. Su resolución actual es tan baja que no es que no puedan apreciarse los detalles, es que no pueden ni leerse las leyendas. Digitalizar los mapas con resoluciones excepcionales no es algo que normalmente hagan particulares, asociaciones o fundaciones. Entonces o no se hace o, lo que sería absurdo, se da una subvención a un particular, asociación o fundación para que contrate a una empresa para que haga el trabajo. Esto sería más caro sólo para poder decir que la subvención no se ha dado a nadie con ánimo de lucro, aunque, claro, al final en la realidad no haya sido así.
Si repasamos las subvenciones concedidas en el pasado, observamos que la mayoría, que han quedado en nada. La ayuda caracerística ha sido la dada a una Universidad para organizar unas jornadas de las cuales ni siquiera se han publicado los materiales. Las decenas o como mucho cientos de asistentes se enteron de algo, y se acabó. Nadie se supone que «ganó dinero»: se cobraron dietas y gratificaciones, claro pero jugamos con las palabras y a eso no le llamamos «ánimo de lucro». ¿Objetivo cumplido? Nadie «ganó dinero», bien, pero a cambio de eso la defensa a día de hoy no tiene nada.
¿Qué hubiera pasado si se amplía la participación a las empresas?
Pongamos nuestro propio ejemplo. Ahora mismo estamos gestionando la transformación de un submarino retirado por la Armada -el Mistral- en un submarino-museo visitable que estaría situado en un puerto de Asturias. En ese contexto elaboramos un proyecto sobre la asturiana fábrica armas de Trubia, que en definitiva era popularizar una realidad militar cuyo ámbito territorial era el mismo que el del submarino. Se trataba de hacer un documental sobre las consecuencias que tuvo la creación de la histórica factoría, con lo que se pensaba insertar el submarino dentro de un referente más amplio, la historia militar de Asturias. Podía incluso generar un turismo militar en Asturias, dos de cuyos ejes -entre otros- serían Trubia y el submarino. Si luego por lo que sea el proyecto de musealización del submarino no prospera, siempre queda un documental sobre un elemento muy interesante de la historia de la Defensa.
Muchos proyectos como el anterior, y sin duda muchísimo mejores, no se ponen sobre la mesa del órgano adjudicatario de las subvenciones por la cuestión del «ánimo de lucro». Si tuviéramos una asociación o una fundación podemos pedir las ayudas, pero como sociedad mercantil, no. No podemos presentarlos nosotros y decenas de empresas. Y eso son decenas de proyectos que pueden plantear actuaciones excelentes que no se llevean a cabo por un formalismo que nadie sabe muy bien a qué se debe.
En definitiva, no parece lógico renunciar a proyectos por las supuestas intenciones de quien los hace, obligarse así a elegir entre un repertorio de idas de inferior calidad a algo mejor. Y eso es en realidad lo que hacemos cuando excluimos a muchísimos posibles interesados que podrían tener cosas que aportar.
– Los particulares. Y no pensemos que la anterior situación se palía por la posibilidad que se ofrece a los particulares de concurrir a las subvenciones. La participación de los particulares es mucho menos sencilla de lo que puede parecer. Si la persona es un asalariado, la subvención le lleva a una complejidades fiscales prácticamente imposible de resolver. No podrá deducirse los gastos en los que incurra o tendrá que darse de alta en complejos sistemas tributarios. A la hora de la verdad, solamente los profesionales pueden concurrir.
Lo cual destaca la ficción comentada anteriormente. Un profesional -que evidentemente lo que quiere son ingresos- sí puede presentarse. Pero si ese mismo profesional se junta con otro y crean una sociedad limitada para organizarse, entonces ya no puede concurrir, porque la norma dice que esas sociedades tienen ánimo de lucro. Es obvio que la realidad es la misma y que esa persona quiere facturar «se vista» de autónomo o de sociedad. Pero decidimos que el traje determina el contenido y a la misma persona con el mismo proyecto le dejamos concurrir o no según la forma jurídica que utilice.
Y todo ello sin beneficio alguno para la Administración pública y la sociedad.